La justicia europea ha asestado un duro golpe a la política de pensiones en España.
El Tribunal Europeo de Justicia considera discriminatorias las condiciones de acceso a una prestación contributiva porque dejan casi sin opción de recibirla a los/las trabajadores/as a tiempo parcial.
Este organismo se agarra a un argumento de género para probar la diferencia de trato: como las mujeres ocupan la mayor parte de los puestos a tiempo parcial, las trabas que les impone la ley para conseguir una pensión suponen una discriminación por razón de sexo, aunque indirecta
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